La organización Amnistía Internacional señaló este martes que las estructuras de represión del Estado venezolano permanecen operativas incluso después del cambio de gobierno, según declaraciones de su directora de investigación para las Américas en Bogotá.
Denuncia sobre la continuidad del sistema
Valentina Ballesta, representante de la entidad defensora de derechos humanos, expresó a la AFP que "el aparato represivo sigue totalmente vigente". Estas observaciones fueron hechas durante la presentación del informe anual del organismo, que cubre la situación global hasta 2026.
Ballesta sostuvo que la administración interina liderada por Delcy Rodríguez no ha implementado medidas concretas para desmontar las políticas de control. "No ha habido ningún mecanismo, ninguna política adoptada por el gobierno de Delcy Rodríguez en torno al desmantelamiento real de la política represiva", afirmó.
Contexto de la amnistía y cifras de excarcelación
La presidenta interina impulsó, bajo influencia de Estados Unidos, una ley de amnistía aprobada por el Parlamento para la liberación de personas detenidas por motivos políticos. Esta normativa, promulgada en febrero, ha beneficiado a más de 8.000 individuos según datos oficiales.
Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero y su posterior encarcelamiento en Nueva York, alrededor de 700 personas han sido excarceladas. Entre ellas figuran prominentes líderes de la oposición.
Críticas a la aplicación de la ley
Pese a que Rodríguez ha descrito la ley como "un acto de grandeza", Ballesta criticó su implementación. La activista aseguró que la norma se aplica "de manera discrecional para decir qué personas deben ser liberadas y quiénes no".
Organizaciones como el Foro Penal han denunciado que cerca de 500 presos políticos continúan encarcelados. El informe anual de Amnistía Internacional describe un escenario extendido de violaciones a los derechos humanos en el mundo durante 2025 y lo que va de 2026.
Además, Ballesta indicó que, lejos de cesar, la política de "arbitrariedad" se ha visto reforzada mediante ajustes en el gabinete del gobierno interino, los cuales "parecieran apuntar a una consolidación de algún tipo de control" sobre los ciudadanos.
El documento también advierte que los sistemas internacionales de protección de derechos humanos enfrentan "ataques constantes".
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