El presidente Luis Abinader puso en marcha un proceso de transformación integral del sistema educativo nacional mediante el Decreto 309-26, que establece la creación de una Comisión Ejecutiva con la tarea de diseñar las bases de un nuevo modelo y elaborar un anteproyecto de ley. La iniciativa, anunciada el 7 de mayo de 2026, busca articular todos los niveles educativos, desde la enseñanza inicial hasta la superior, incluyendo la formación técnica y científica.
Plazo y alcance de la reforma
La comisión tiene un plazo de seis meses para presentar sus propuestas al Poder Ejecutivo, un cronograma que el Gobierno justifica por la urgencia de la transformación. El proceso afectará a un sistema que, según cifras del año escolar 2025-2026, atiende a más de 2.6 millones de estudiantes, de los cuales el 77.5% pertenece al sector público. El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, respaldó la medida, señalando que la transformación requiere visión, articulación y capacidad de ejecución, y que debe estar orientada a la calidad, la innovación y la conexión entre educación y desarrollo.
Consulta nacional y rechazo gremial
Las consultas oficiales se desarrollarán entre el 16 de mayo y el 29 de junio de 2026, con encuentros territoriales en regiones como el Cibao, el Sur, el Este y la zona Ozama, además de diálogos sectoriales con universidades, empresarios, iglesias y la diáspora dominicana. Sin embargo, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), junto a la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (FAPROUASD) y el Observatorio de Políticas Públicas de la UASD (ODPP-UASD), rechazaron el decreto. Consideran que el proceso carece de planificación seria y pretende imponerse de forma acelerada y excluyente.
"Una verdadera reforma educativa no puede improvisarse 'en 45 días' ni desarrollarse sin estudios diagnósticos, participación amplia y respeto a las instituciones académicas del país", afirmó Pastor de la Rosa, presidente de FAPROUASD.
El secretario de Comunicación de la ADP, Menegildo De La Rosa, planteó que el decreto evidencia, a juicio del gremio, la intención de entregar el sistema educativo al capital privado. Por su parte, Fernando Peña, coordinador del ODPP-UASD, calificó la medida como parte de una estrategia orientada a profundizar la privatización de la educación pública.
Antecedentes y perspectiva técnica
Este decreto sustituye al Decreto 580-24 de octubre de 2024, que proponía la fusión del Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). La nueva propuesta no plantea una unión administrativa directa, sino la construcción de un marco integral. El ministro de Educación Superior, Rafael Santos Badía, ha defendido que el proceso busca construir un sistema integral, no una fusión ministerial.
Expertos como Radhamés Mejía, exministro de Educación, ven en el decreto una oportunidad para repensar el sistema de manera integral, siempre que la nueva ley vaya más allá de una redistribución de competencias. Jacqueline Malagón, exministra de Educación, había propuesto previamente una ley orientada a articular la educación básica, la superior y la formación técnica como motor del desarrollo nacional y la equidad.
El camino legislativo y los desafíos
Una vez finalizadas las consultas, el anteproyecto de ley deberá ser debatido y aprobado por el Congreso Nacional, donde se definirán aspectos cruciales como la rectoría estatal, la autonomía universitaria, el financiamiento y los mecanismos de evaluación. El éxito de la reforma dependerá de la legitimidad social que logre construir y de su capacidad para traducirse en una propuesta viable que supere la desconfianza acumulada por procesos anteriores.
Deja una respuesta