La República Dominicana logró una calificación de 82 puntos sobre 100 en el componente de transparencia de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025, un resultado que supera al obtenido en el ciclo anterior y confirma una trayectoria de mejora constante en la publicación de información financiera gubernamental.
Evaluación internacional y posición del país
El análisis, elaborado por el International Budget Partnership (IBP) y la Fundación Solidaridad, mide a 83 naciones en tres ejes: apertura de datos presupuestarios, involucramiento de la población y supervisión por parte de las instituciones. Con esta puntuación, el país se ubica por encima del umbral de 61 puntos, el cual señala que un gobierno divulga datos suficientes para facilitar el análisis y el debate público sobre las finanzas del Estado.
El informe subraya que la nación caribeña ha mantenido un crecimiento progresivo en este indicador, al avanzar desde 51 puntos en 2015 hasta los 82 puntos actuales, su marca más alta registrada. Este progreso se asocia principalmente a los trabajos realizados por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) para perfeccionar y ampliar la documentación fiscal puesta a disposición del público.
Áreas con oportunidad de fortalecimiento
En el pilar de participación ciudadana, el territorio dominicano consiguió 52 puntos de 100, mostrando una mejoría comparada con los 48 puntos de 2023. El estudio reconoce progresos como la puesta en marcha de consejos de desarrollo y consultas públicas, pero indica que es necesario incorporar de forma más dinámica a los grupos comunitarios que tienen menor representación dentro del proceso de asignación de recursos.
Respecto a la vigilancia institucional, el país recibió una puntuación de 56, lo que representa una leve mejora frente a la medición pasada, pero que aún se clasifica en el rango de supervisión "limitada". Este resultado evidencia la necesidad de robustecer tanto el control ejercido por el poder legislativo como los procedimientos de auditoría.
El IBP recomienda fortalecer la divulgación de información sobre la ejecución presupuestaria, de modo que ciudadanos y organismos de control puedan verificar el uso de los recursos públicos, reducir riesgos de corrupción y aumentar la confianza institucional.
Recomendaciones para continuar el avance
El IBP aconseja al Congreso Nacional ampliar la participación de la ciudadanía en las audiencias sobre el presupuesto y los informes de auditoría, como un mecanismo para consolidar la transparencia y la rendición de cuentas. Asimismo, sugiere que el órgano legislativo analice con mayor profundidad la política presupuestaria, publique informes de evaluación y dé seguimiento a la ejecución del presupuesto.
También se propone que la Cámara de Cuentas someta sus auditorías a revisiones independientes que aseguren su calidad y credibilidad. El informe añade que el país no cuenta con una institución fiscal independiente, herramienta considerada clave para aportar análisis técnico imparcial al debate presupuestario.
La Fundación Solidaridad destacó que la transparencia en materia presupuestaria no es un objetivo en sí mismo, sino una condición fundamental para fortalecer la confianza de la población y mejorar la eficiencia del gasto público. El documento finaliza señalando que una mayor apertura informativa permite a la sociedad civil y a los medios de comunicación ejercer un control más efectivo sobre la gestión estatal, contribuyendo a prevenir la corrupción y a promover una administración orientada al bien común.
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